La jueza que tomó una decisión controvertida
El restaurante Piegari, ubicado en La Recova, se encuentra en una crisis sin precedentes después de una sentencia laboral que ha congelado todos sus activos y ha puesto en peligro su continuidad. El propietario, Alberto Chinkies, ha advertido que el fallo es tan desproporcionado que podría llevar al cierre del emblemático local. En medio de la polémica, el economista Martín Tetaz ha calificado la resolución como un “fallo Matusalén”, cuestionando la forma en que la jueza multiplicó la indemnización “más allá de cualquier parámetro razonable”.
Factores que inflaron la sentencia
Según Tetaz, la jueza aplicó tres factores que aumentaron la condena de manera significativa, dos de los cuales ya no están vigentes y el tercero podría ser revisado en la instancia de apelación. La jueza ignoró los cambios normativos recientes y adoptó un criterio que no se ajusta al marco normativo actual.
La polémica sobre las penalidades derogadas y errores de procedimiento aplicadas en el cálculo
El primer factor que infló la sentencia fue la doble indemnización, una penalidad que ya no está en vigor pero que se aplicó debido a que el hecho ocurrió cuando aún estaba vigente. El segundo componente fue la multa del 50% establecida en el artículo 2 de la Ley 25.323, también derogada por la Ley Bases, pero que igualmente se incluyó en el cálculo final.
Si bien esta última penalidad podría haberse evitado con una mejor gestión administrativa del despido por parte de la empresa, el punto central para Tetaz es que la jueza utilizó sanciones que ya no existen en la legislación vigente. Ambos recargos hicieron crecer la condena muy por encima del criterio tradicional de un salario por año trabajado.
La propina es el punto más polémico de la indemnización
El tercer factor, y el más cuestionado por Tetaz y otros especialistas, fue la decisión de la jueza de incluir las propinas como parte central del salario indemnizatorio. A pesar de que el Convenio Colectivo del sector establece que las propinas, aunque estén prohibidas y se paguen, no deben considerarse salario, la jueza las utilizó como base para calcular la indemnización.
Indemnización récord y riesgo de cierre
El resultado final es una sentencia que, según Tetaz, rompe todos los parámetros: los 26 años de trabajo del empleado se transformaron en una condena equivalente a 80 salarios, cuando lo habitual sería 26. Chinkies advirtió que Piegari no puede afrontar semejante monto y que el embargo total de los activos ya ha paralizado el funcionamiento normal del restaurante.
En resumen, la decisión de la jueza ha puesto en riesgo la continuidad de uno de los locales gastronómicos más emblemáticos del país. Ahora, las instancias superiores deberán revisar un fallo que, según especialistas y empresarios, se aparta del marco legal vigente y deja al borde del cierre a Piegari.
