En 2014, el Banco Central de Bolivia (BCB) adoptó una postura estricta respecto a las criptomonedas a través de la Resolución de Directorio N.º 044/2014, prohibiendo el uso de cualquier moneda que no fuera emitida o regulada por el Estado. Sin embargo, Bolivia experimentó un cambio regulatorio acelerado en 2024-2025, pasando de un veto total a un modelo de “apertura controlada”, permitiendo operaciones entre particulares y estableciendo lineamientos para instituciones públicas, fintech y futuros proveedores de servicios con criptoactivos.
### Factores que impulsaron la adopción y nuevo marco legal
Este cambio regulatorio responde a una combinación de motivaciones, incluyendo necesidades macroeconómicas, presiones y recomendaciones internacionales para incorporar activos digitales en el mercado regulatorio formal y combatir el lavado de dinero. La crisis económica, la depreciación del dólar en mercados paralelos y la escasez de divisas llevaron a un aumento en el uso de criptoactivos en Bolivia. Según el Banco Central de Bolivia, las transacciones con activos virtuales crecieron a USD 294 millones en el primer semestre de 2025, con un aumento del 630 % en el volumen transado respecto al año anterior.
### Marco regulatorio en construcción de las criptomonedas en Bolivia
Tras la derogación de la Resolución 144/2020 que prohibía el uso y comercio de criptomonedas en el país, el Gobierno boliviano comenzó a estructurar un marco normativo más amplio. Durante 2025 se aprobaron varios Decretos Supremos que establecen las condiciones para que las instituciones públicas interactúen con activos virtuales. Aunque no constituyen una ley integral, estos decretos establecen una estrategia de adopción gradual que combina experimentación, supervisión y obligaciones específicas para ciertos actores del sistema financiero.
#### Regulación de activos virtuales (DS 5301)
Este decreto regula el uso de activos virtuales en pagos y operaciones administrativas del sector público, permitiendo a entidades estatales utilizarlos de forma excepcional en situaciones donde los mecanismos tradicionales presenten dificultades operativas.
#### Marco legal para PSAV y empresas fintech (DS 5399)
Este decreto ajusta y corrige vacíos en la implementación previa, introduciendo excepciones temporales para operaciones específicas. Refuerza la intención del Gobierno de permitir la adopción de activos virtuales sin perder control sobre los flujos financieros.
Estas normas se apoyan en el Decreto Supremo 4904 (2024), que otorgó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) nuevas facultades para supervisar actividades relacionadas con activos virtuales dentro del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En conclusión, Bolivia ha experimentado un cambio significativo en su postura hacia las criptomonedas, pasando de una prohibición total a un enfoque de apertura controlada. Este cambio responde a necesidades macroeconómicas y presiones internacionales, y se ha traducido en la aprobación de decretos que establecen las condiciones para la interacción de instituciones públicas con activos virtuales. Aunque el panorama regulatorio boliviano aún presenta vacíos, se espera que la adopción gradual de criptoactivos continúe evolucionando en el país.
Regulación de las criptomonedas en Bolivia
En Bolivia, el Ministerio de Economía y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) han avanzado en el diseño de un sistema de licenciamiento para fintech y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). El pilar principal de esta regulación es el DS 5384 (2025), que establece el marco general para la constitución, operación y supervisión de las Empresas de Tecnología Financiera (ETF) en el país.
Normativa y pilares estructurales
El objetivo del DS 5384 (2025) es definir qué compañías pueden ofrecer servicios financieros basados en innovación tecnológica, como blockchain, tokenización o activos virtuales, y bajo qué condiciones podrán funcionar dentro del sistema regulado. La norma se centra en tres pilares estructurales:
- Gobernanza corporativa: estructura mínima, transparencia y responsabilidad.
- Ciberseguridad y protección de datos: protocolos obligatorios, auditorías externas y reportes periódicos.
- Capital mínimo y gestión de riesgos: reservas, solvencia operativa y plan de continuidad.
Aunque el decreto establece la estructura general, ASFI es la encargada de reglamentar el proceso de autorización, lo que deja espacios abiertos respecto al capital mínimo, categorías específicas (custodio, exchange, brokering, OTC) y límites operativos.
Además, la Resolución Administrativa UIF/19/2025 incorporó a los PSAV, exchanges, custodios y plataformas de compraventa como sujetos obligados, lo que implica registro formal ante la UIF, aplicación de KYC/AML, monitoreo de operaciones, reporte de transacciones sospechosas y políticas de debida diligencia basadas en riesgo.
Vacíos en la regulación
A pesar de los avances, Bolivia aún mantiene áreas clave sin definir en cuanto a la regulación de criptomonedas:
- Tributación sin claridad: no existe un régimen fiscal específico para criptoactivos, lo que obliga a usuarios y negocios a operar sin lineamientos formales.
- Falta de una definición jurídica completa: el país aún no diferencia legalmente entre criptoactivos, tokens de valor, activos digitales financieros o tokens utilitarios.
- Rol del sector privado poco detallado: no existe un marco integral para empresas privadas más allá del sandbox, lo que deja sin respuesta cómo pueden incorporar pagos cripto, custodia o uso en operaciones comerciales.
Algunos bancos en Bolivia han comenzado a incorporar servicios relacionados con stablecoins dentro de un marco normativo en desarrollo, como Banco Bisa y Banco de Crédito BCP.
¿Qué esperar?
Bolivia ha pasado del prohibicionismo a un modelo de apertura regulada en poco tiempo. El nuevo marco legal define obligaciones concretas para quienes ofrecen servicios con activos virtuales y abre la puerta para la participación de instituciones públicas y privadas en su uso.
El desafío del Estado será construir una regulación técnica, ágil y clara para evitar riesgos sin frenar la innovación ni la inversión, en un contexto donde las criptomonedas se han convertido en un mecanismo de refugio y estabilidad para muchos ciudadanos.
